Agricultores de toda la Unión Europea (EU) han llenado las calles de sus respectivos países, al parecer cansados de su situación, que dicen, es la siguiente: abandonados por las instituciones y olvidados por el resto de gente [1]. Las protestas comenzaron hace meses en Alemania, Holanda o Francia, y ahora han llegado a España [2]. Hay diversos grupos dentro de las protestas, cada uno con reclamaciones diversas, varias comunes entre ellos [3]. Vamos a analizar algunas de esas propuestas, sobre todo las más repetidas, y que podrían suponer.

Una de las reclamaciones que más fuerza parece tener es la de regular la competencia desleal que se genera con productos extracomunitarios. Las regulaciones que aplican a la producción agrícola en Europa son bastante estrictas si se comparan con las que puedan tener otros países.

Hemos naturalizado por completo el hecho de ver dos cestas de naranjas en el supermercado, una con etiqueta de origen España, y otra Sudáfrica, como si fuera lo más normal del mundo. No es raro revisar latas de conservas y ver que los espárragos más baratos vienen de Perú, o que los kiwis son de Nueva Zelanda. El problema es que estos productos generalmente tienen unos estándares fitosanitarios inferiores a los que la UE exige a sus productores internos, rebajando los precios y generando una competencia injusta.

No tiene sentido pedir a los agricultores europeos esfuerzos para tener unos productos de mayor calidad si después se permite la entrada en el mercado de productos que los desplazarán por un precio más asequible. Es necesaria una política que regule este mercado. Si algo no se considera de la suficiente calidad para ser producido aquí, ¿por qué sí es de la suficiente calidad para consumirlo?

Acompañando a la idea de reforzar controles, se encuentra la propuesta de un doble etiquetado en los productos, para dejar clara la procedencia y el precio en origen del producto. Otro gran problema del campo español es la gran diferencia del precio al que vende el productor y el precio por el que el cliente final adquiere los productos. La idea del doble etiquetado ayudaría a los clientes a poder elegir productos de proximidad, y además elegir productos que supongan un pago justo a aquellos que los producen. Además de ser muy positivo por este sentido, supondría también un ejercicio de conciencia social y ambiental para los consumidores, que viene siendo necesario.

Otra de las reclamaciones es una petición relacionada con el cambio climático. España, siendo un país del sur de Europa es uno de los países que más sufre el calentamiento global, con episodios de sequías que cada vez tiene más afección en el campo. Los agricultores piden más protección para sobrellevar esta situación, como un acuerdo político para el manejo del agua. Como mencionábamos, la Península Ibérica cada año sufre más la escasez de agua. La mezcla de temperaturas en aumento, disminución de las precipitaciones invernales en la montaña, y episodios de lluvia más impredecibles, no es la situación ideal para el mundo agrícola.

El agua que se usa en agricultura es el 82% del agua consumida en España [4]. Los agricultores tienen mucha razón en pedir un Plan Urgente para su manejo responsable. Pero esto debería venir acompañado con un Plan a largo plazo para revertir una situación que se ha dado gracias a la PAC: el crecimiento de las hectáreas de regadío en detrimento a las de secano, más tradicionales, y apropiadas para el clima mediterráneo. La PAC puede hacer que el regadío sea – o parezca – más beneficioso económicamente, pero es un beneficio artificial, hinchado con ayudas y que no es factible a largo plazo en un clima árido.

Hablando de la PAC, los agricultores también hablan de las trabas burocráticas que les supone. Piden trámites más simples y flexibles, puesto que los “costes excesivos hacen que sea difícil de cumplir los criterios ambientales”. Criterios ambientales como los que se proponían en el Reglamento de Uso Sostenible de Pesticidas. La contaminación causada por la infiltración de pesticidas en el suelo y aguas subterráneas, que facilitan a su vez su distribución incontrolada a gran distancia de la fuente contaminante – en este caso, el campo tratado, por ejemplo –, suponen una amenaza al medio ambiente, a la biodiversidad, y a la propia salud humana. Esta regulación se propuso en 2022, pero el Parlamento Europeo la rechazó el año pasado y se encontraba en proceso de negociación. La idea era reducir en un 50% el uso de pesticidas químicos para el año 2030, incluyendo su prohibición total en zonas particularmente sensibles. Las protestas de agricultores europeos han llevado a Von der Leyen a retirar la propuesta [5]. Dentro de los agricultores españoles, el relajar las exigencias relacionadas con los pesticidas también estaba contemplado, puesto que se hace como condición para recibir las ayudas de la PAC.

Los pesticidas químicos son nocivos para el medio ambiente y la salud humana, que son dos conceptos muy relacionados entre sí. Reducir su uso, y prohibirlo en zonas especialmente sensibles es importante y necesario, teniendo en cuenta que hay métodos menos agresivos, como el control de plagas biológico. Es comprensible la reticencia de los agricultores, ya tienen un sistema que, a sus ojos, funciona perfectamente, pero urge colaborar con ellos para que se produzca un cambio tanto en la manera de hacer las cosas como en la filosofía con la que se hacen. Poniendo números, durante la campaña agrícola 2018-2019, en España se usaron 45.392,441 toneladas de pesticidas, estimulantes de crecimiento vegetal y otros productos químicos [6].

Teniendo en cuenta que la Política Agraria Común es uno de los principales pilares de los presupuestos de la UE, siendo su cuantía monetaria de 55 713 millones de euros en 2021 [7], por ejemplo, llaman la atención tantas quejas al respecto. Parece que hace falta repensar tanto su forma como su contenido. Agilizar los trámites burocráticos sería muy útil, pero no se puede caer en rebajar las exigencias ambientales para ello, si no promocionarlas. Como ya se ha mencionado, sacar rédito económico en un mercado global con menos exigencias que las internas, es difícil. También lo es cultivar ciertos tipos de producto donde las condiciones ambientales no acompañan, y hay que alterar el terreno con un uso indiscriminado de agua, fertilizantes y/o pesticidas químicos. La PAC debería poner cierto orden, tanto por los agricultores, como por los consumidores, como por el propio medio ambiente. 

Como última reflexión, también sería urgente mejorar la relación entre científicos e investigadores ambientales, y el sector primario. La reticencia y desconfianza que hay entre algunos grupos en las protestas hacia la normativa ambiental demuestra la falta de entendimiento. Teniendo en cuenta la huella hídrica de la agricultura, la cantidad de tierra que ocupa, sus impactos (negativos y positivos) en la biodiversidad, hace falta mucha colaboración y comunicación. Existen practicas tradicionales más respetuosas con el medio ambiente que se van perdiendo por una falta de relevo generacional y una creciente tendencia a lo intensivo. Combinar el conocimiento ya existente con prácticas más novedosas com la agroecología, fomentar una ganadería y agricultura sostenibles, tanto ambiental como socialmente debería ser posible, siempre y cuando colaboremos todos.

REFERENCIAS:

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Cover and preview image:  Tractor en una protesta en Madrid con un cartel que dice “Si el campo no produce, la ciudad no come”. Foto por Revuelta_es en Flickr.