Al concepto de sostenibilidad se suele recurrir a menudo para lidiar con los retos medioambientales que amenazan a nuestra sociedad moderna: pese a sus múltiples puntos positivos, el término “sostenibilidad” se ha usado demasiado, y se ha transformado en un mecanismo genérico de marketing, o en los peores casos, en una fachada para el greenwashing.

El primero en hablar de greenwashing fue Jay Westerveld en 1986, cuando algunos hoteles empezaron a pedir a sus huéspedes que reutilizaran las toallas, bajo el pretexto de una estrategia de la compañía para conservar el agua, pese a no tener ninguna otra acción ambiental pensada para otros impactos mucho más significativos (Pearson, 2010). Aunque han pasado algunos años, todavía es complicado para los clientes el poder distinguir la fiabilidad de las iniciativas de marketing verdes, y saber si son realmente iniciativas ambientales que pretenden proteger el medio ambiente. Esto hace que la puesta en marcha del desarrollo sostenible sea más difícil, ya que los clientes no se fían de los comunicados en los que las empresas y corporativos dicen ser sostenibles. Junto al aumento de la conciencia de los consumidores y la urgente necesidad por una transición ecológica real, las palabras ya no son suficiente.

Una de las opciones para que la sociedad confíe en la palabra “sostenibilidad” es el uso del Pasaporte Digital de Producto (PDP), una especie de documento de identidad digital (que emite la Unión Europea), asociado a un bien material. Es una forma de controlar la trazabilidad del sistema de producción: desde el estadio inicial hasta el final. Esto registraría, preservaría y compartiría información detallada del ciclo de vida del producto: desde la extracción de la materia prima hasta el proceso de desecho, reciclado y reacondicionamiento.

El pasaporte tiene la intención de ser un archivo digital para productos, componentes y materiales, en el que se guarde información relevante para respaldar la sostenibilidad de los productos, promocionar la circularidad, y reforzar y facilitar el cumplimiento de la ley. La idea detrás de esto es ayudar a las empresas, consumidores, reparadores y recicladores, e instituciones públicas, a acceder a una información fiable de los productos de una manera más transparente, estandarizada, y digital (European Comission, 2026).

El pasasporte contendrá detalles sobre la composición y trazabilidad de los productos, el origen de sus materiales, la presencia de sustancias químicas o peligrosas, e información de la cadena de suministro, así como impactos ambientales (Análisis del Ciclo de Vida) mediante huella de carbono, y consumos hídricos y eléctricos durante la producción. Va más allá, de hecho es una herramienta importante a la hora de reparar y reutilizar los productos: sería esencial para la economía circular, ya que también estarían disponibles instrucciones de desmontado y montaje, disponibilidad de piezas de recambio y guías de reparado, para extender la vida útil del producto. Además, el PDP debería analizar el porcentaje de contenido reciclado y contar con instrucciones para un desechado apropiado e indicaciones para los centros de reciclaje.

El proceso parece largo y complicado, y de hecho se prevé introducir el PDP progresivamente en diversos grupos de productos seleccionados. Los primeros sectores incluyen ciertos tipos concretos de baterías y coches eléctricos, con algunos otros grupos previstos para continuar como productos textiles, de hierro y acero, y productos de construcción. Todo con el objetivo de hacer sentir a los consumidores que la sostenibilidad va más allá de las palabras.

A pesar de su aplicación, el PDP no se pensó como una opción voluntaria para las marcas más virtuosas, si no como una obligación legal y progresiva integrada en el Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción de Economía Circular. El objetivo de la UE es eliminar del mercado europeo aquellos productos que sigan el modelo de “usar y tirar”, y recompensar a aquellos con un diseño duradero, reutilizable y reciclable: todo bajo el marco de la economía circular.