Hace poco más de un año salía la noticia sobre la aprobación en el Senado de una nueva Ley Nacional de la Montaña [1], de la cual ya se escribió un artículo introduciendo el tema. El – ambicioso – proyecto apuntaba hacia la idea de una montaña viva: un territorio a habitar, gestionar y valorar. Un ecosistema complejo formado por personas, bosques, prados, economía y recursos.

Hoy, con la Ley 12 Septiembre 2025, nº 131 – Disposición para el reconocimiento y la promoción de las áreas de montaña”, se hace realidad todo esto. Pero, ¿es realmente oro todo lo que reluce?

Vamos a echar un vistazo a lo que dice la ley para entenderla mejor.

Artículo I – Normas generales

A partir de los noventa días desde la entrada en vigor de la presente ley […] los criterios para definir la clasificación de los municipios montanos que constituyen las zonas de montaña, y a los cuáles aplican las disposiciones de la ley, se basarán en los parámetros de altitud y pendiente.

Aquí el concepto es simple: la definición de criterios para clasificar los municipios de montaña. Aparecen ya desde aquí dos críticas importantes: la necesidad de acciones regulatorias adicionales para definir los propios criterios, y la propia limitación de los parámetros altitud y pendiente.

También hay que destacar que la clasificación geomorfológica deriva principalmente de la Ley 991/1952 que ya definía a los “municipios de montaña” como aquellos que tuvieran un 80& de su superficie sobre los 600 m.s.n.m. y un desnivel mayor a los 600m, así como algunos parámetros de productividad del terreno.

Nada revolucionario pues, exceptuando el hecho de que la nueva ley permite de nuevo clasificar y actualizar el listado de “municipios de montaña”, algo que no era posible desde la derogación del Artículo 1 de la Ley 991/1952 en 1990 [2].

Artículo II – Programación estratégica, recursos y monitoreo

La Estrategia para la montaña italiana (SMI, siglas originales) define a través de líneas de acción estratégicas, dentro de los límites que los recursos del Fondo que se define en el artículo 4, las prioridades y las directivas de las políticas para las áreas de montaña [...]

El artículo en cuestión explicita la puesta a disposición de un fondo específico de 200 millones de euros anuales para el trienio 2025-2027 para financiar las acciones a favor de la protección y la promoción de los recursos ambientales en el territorio montano, sus hábitats, el desarrollo de las actividades agro-silvo-pastorales, actividades de carácter socioeconómico, y de comunicación y reducción de la despoblación. Es más, con la introducción de la SMI se garantiza una delimitación clara del marco de trabajo y el alcance de las acciones que puedan derivar de la ley.

Artículo III – Servicios públicos

En esta sección se definen los incentivos individuales y los proyectos de desarrollo pensados para favorecer la introducción y la retención de profesionales sanitarios, maestros y educadores en las áreas de montaña, así como medidas para establecer tribunales en áreas más desfavorecidas, favoreciendo la formación superior y mejorando las comunicaciones.

Figura 1:La valorización de la montaña no se consigue solo con turismo, si no sobre todo con el estabelecimiento de servicios estables para los habitantes y luchando contra la despoblación. Puente tibetan en Valli Pasubio (Vicenza, Italia). Foto: Autor. 07.11.2021.